Barahona, República Dominicana – La Fundación de Protección del Medio Ambiente de la Región Enriquillo, junto con la Asociación Incorporada de la región y una coalición de organizaciones sociales locales, emitieron alertas sobre un serio deterioro ambiental en cinco ríos del área de La Guázara, provocado por actividades de explotación minera masiva.
Según denuncias recopiladas durante una reunión el pasado domingo, la fundación y sus aliados han registrado que el caudal hídrico de los ríos ha disminuido significativamente, comprometiendo no solo la biodiversidad local sino la seguridad de las comunidades aledañas.
Esta situación se atribuye principalmente a la operación ilegal de maquinaria pesada que extrae materiales sin controles adecuados, afectando directamente los cauces fluviales y el equilibrio del ecosistema.
Los expertos ambientales y activistas explican que La Guázara, al estar formada por lomas que actúan como muros naturales de contención frente a huracanes y ciclones, es fundamental para la protección frente a desastres naturales en zonas como Cachón, Cabral y otras comunidades cercanas.
La destrucción de estos ecosistemas representa no solo un daño ecológico sino un riesgo para miles de habitantes que dependen de esta barrera natural.
Representantes de las comunidades afectadas alertan que, de continuar estas explotaciones ilegales, el impacto podría ser devastador.
Además del daño ambiental, se teme un aumento en la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos.
Activistas advierten que sin una intervención urgente del presidente de la República, el Ministro de Energía y Minas así como el Ministro de Medio Ambiente, la destrucción ambiental acelerada podría agravarse y afectar la zona donde se realiza la acción.
Movilización social y planes de acción
En respuesta a la situación, durante las próximas semanas, el líder comunitario Domingo Feliz indicó que se realizará un plan de lucha urgente con la concurrencia de todas las organizaciones sociales y ambientales de Enriquillo.
Está prevista una movilización para impedir la continuidad de la explotación masiva y para exigir a las autoridades nacionales medidas concretas contra este tipo de atentados ecológicos.
Estos movimientos buscan sensibilizar a la opinión pública nacional e internacional, utilizando canales de comunicación y presión política para revertir el daño y fortalecer la regulación ambiental.
