Durante décadas, la República Dominicana cargó con una reputación que nunca quiso pero que le costó abandonar. Enclavado entre la cuenca productora de drogas de Sudamérica y los mercados de consumo de Estados Unidos y Europa, el país se encontraba en un corredor global de narcóticos. Durante años, la geografía fue un destino, y el destino era implacable. Los vuelos con drogas aterrizaban en pistas clandestinas.
Las lanchas rápidas cruzaban el Canal de la Mona como fantasmas. La cocaína se almacenaba en contenedores que salían de los puertos dominicanos. Las redes de narcotráfico, protegidas por la interferencia política y la corrupción, operaban con una facilidad asombrosa.
Así, la República Dominicana se convirtió en un país de tránsito, un centro de lavado de dinero y un puerto seguro. «Un lugar donde los casos iban a morir», dijo una vez un exagente de las fuerzas del orden estadounidenses. Luego, aparentemente de repente, la trayectoria cambió.
A partir de 2020, la República Dominicana lanzó una de las campañas de reforma antidrogas más ambiciosas del hemisferio. En cinco años, las autoridades triplicaron las incautaciones de drogas, desmantelaron redes que antes se consideraban intocables, modernizaron los sistemas legales y de vigilancia, y reconstruyeron la confianza con sus homólogos estadounidenses y europeos.
La cooperación, antes cautelosa, incluso suspicaz, se volvió fluida y estratégica. “Un giro de 180 grados”, declaró un exfuncionario del Departamento de Estado de EE. UU. a The Miami Herald. “Pasamos de una relación de desconfianza a una de reconocimiento”. Los funcionarios dominicanos y estadounidenses entrevistados para este artículo describen el cambio como una transformación: una nación históricamente definida por la vulnerabilidad se reposiciona como un punto de referencia regional en materia de interdicción, rendición de cuentas y fortaleza institucional.
El reinicio El cambio comenzó con una apuesta política bajo la administración del presidente Luis Abinader, rompiendo con las prácticas tradicionales y proponiéndose purgar al gobierno de la corrupción que había permitido que la nación se convirtiera en un centro de tránsito para la cocaína que salía de Colombia y Venezuela.
Los funcionarios dominicanos dijeron que la transformación se centró en nombrar a un contralmirante duro y orientado a los resultados para dirigir la agencia antidrogas del país y otorgarle una verdadera independencia al Ministerio Público, incluyendo el nombramiento de un fiscal general autónomo. Según las fuentes, esta no fue una reforma diseñada para los titulares, sino para obtener resultados.
La independencia permitió a los fiscales perseguir casos que antes se consideraban vedados. La impunidad perdió su escudo. Altos cargos, protegidos durante mucho tiempo por el poder, finalmente podrían enfrentar el escrutinio sin advertencias superficiales ni consecuencias para su carrera, declaró un alto funcionario dominicano.
La veterana fiscal Jenny Berenice Reynoso se convirtió rápidamente en un emblema de la nueva era. Casos inactivos resurgieron. Expedientes que antes estaban destinados a un entierro discreto se convirtieron en acusaciones formales. Desde 2020, al menos 28 altos funcionarios han sido destituidos, no siempre por delitos comprobados, sino por no superar las pruebas de credibilidad.
La integridad se convirtió en la nueva guardiana. «Un reinicio cultural», lo describió un funcionario. «Donde la lealtad a la institución prevalece sobre la lealtad al poder». Mientras tanto, la supervisión se fortaleció. La Dirección General de Contrataciones Públicas, antes considerada un asunto protocolario, comenzó a cancelar acuerdos financieros que incumplían los estándares de transparencia.
Un sistema que antes era explotado por los traficantes como puerta de entrada para el dinero sucio ahora se describe internamente como un "cortafuegos", equipado con auditorías, verificaciones cruzadas y alertas automáticas. La reforma creó algo más allá de la legalidad. Creó confianza. Y la confianza abrió puertas.
Los números cuentan una historia Y los resultados empezaron a verse. Entre 2004 y 2020, las autoridades dominicanas incautaron 77 toneladas de narcóticos. Entre 2020 y 2025, incautaron más de 227,824 kilogramos, incluyendo 67,373 kilogramos capturados mediante operaciones internacionales conjuntas. El aumento no fue gradual, sino trascendental.
Las autoridades estadounidenses señalan que el aumento no refleja necesariamente una mayor circulación de drogas, sino una mayor capacidad para detectarlas. Se profundizó la inteligencia. Se amplió la vigilancia marítima y aérea. La cobertura de radar ahora cubre lo que antes eran corredores aéreos ilegales.
La Dirección Nacional de Control de Drogas del país se reorganizó, profesionalizando su estructura y contratando a 758 nuevos agentes.
Con más personal y una mejor coordinación con las fuerzas del orden estadounidenses, las rutas de tráfico tradicionales comenzaron a colapsar. Los lanzamientos en lanchas rápidas se enfrentaron a más intercepciones. Las pistas de aterrizaje clandestinas quedaron en silencio.
El tráfico aéreo, antes rutinario, ahora está prácticamente erradicado. Los esfuerzos se centraron en lo que se había convertido en uno de los corredores más utilizados por los cárteles venezolanos y colombianos. El tráfico a través del Caribe ha sido fluido desde hace mucho tiempo, y la República Dominicana se había convertido en uno de sus ejes.
Estimaciones estadounidenses sugieren que casi el 90% de las drogas que ingresan al Caribe central pasan por aguas dominicanas de alguna forma: en lancha rápida, buque portacontenedores o transbordo de carga en alta mar. Estas rutas no son fijas y las redes son modulares, según un funcionario. Los traficantes colombianos y venezolanos rotan intermediarios en lugar de construir grandes estructuras de cártel.
Los actores locales se encargan del transporte, el almacenamiento y los sobornos. Las operaciones se mantienen discretas, evitando el derramamiento de sangre territorial visto en México o Colombia. En tal entorno, las disputas entre narcos se resuelven discretamente, y los actores prefieren compensar las pérdidas y priorizar la continuidad sobre la violencia.
Esta dinámica, según los expertos, explica en parte por qué República Dominicana, a pesar de su volumen de tráfico, ha evitado la guerra de cárteles. Nueva cooperación Para los funcionarios estadounidenses, uno de los indicadores más claros del progreso dominicano es el diplomático.
Durante años, República Dominicana participó en foros antidrogas, pero rara vez los lideró. Hoy en día, se encuentra entre los tres principales países que extraditan fugitivos a Estados Unidos, con más de 200 extradiciones desde 2020. Las operaciones avanzan con mayor rapidez. La burocracia es más sencilla.
Las sospechas se están disipando, afirmó un funcionario dominicano. Washington, históricamente cauteloso, ahora expresa abiertamente su admiración. Una funcionaria del Departamento de Estado estadounidense afirmó que la cooperación bilateral es "la más sólida que jamás haya existido".
Estados Unidos ha proporcionado equipos, incluyendo escáneres no intrusivos capaces de detectar cargamentos de alto valor ocultos en cascos de yates, carga que antes salía de los puertos dominicanos de forma discreta y rentable.
La tecnología importa, afirmó. Pero la voluntad política importa aún más. Gran parte de esa voluntad ha sido impulsada por el contralmirante José Manuel Cabrera Ulloa, nombrado jefe de la Dirección de Control de Drogas en 2021 y ampliamente reconocido como un reformador disciplinado y transparente. Bajo su liderazgo, los datos sobre incautaciones se hicieron públicos.
Las irregularidades se denunciaron en lugar de ocultarse, según declaró un funcionario del Departamento de Estado. “Creo firmemente que gran parte del éxito de los últimos años se debe a él y a su liderazgo dentro de la institución”, declaró la funcionaria al Herald.
Bajo el liderazgo de Cabrera, la relación institucional entre ambos países se ha caracterizado por la integridad y la transparencia, afirmó, y añadió que una de las primeras medidas que tomó al ser nombrado en el cargo en 2020 fue abrir de inmediato las puertas a la cooperación con la DEA y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado. Nuevos desafíos Si la cocaína y la heroína definieron a la última generación, el fentanilo define a la siguiente.
Este opioide está devastando ciudades estadounidenses, provocando un récord de muertes por sobredosis y transformando las cadenas de suministro globales. Hasta 2025, las autoridades dominicanas no reportan casos confirmados de tráfico de fentanilo, pero esa ausencia es tanto un alivio como una advertencia.
El Caribe sigue siendo un corredor natural, y ante la presión ejercida sobre las rutas de los cárteles mexicanos, Washington ha instado a las autoridades dominicanas a prepararse no cuando aparezca el fentanilo, sino antes. Santo Domingo respondió creando la primera Unidad de Drogas Sintéticas del Caribe, reforzando los controles de los precursores químicos utilizados para la fabricación de la droga con monitoreo digital de recetas y actualizando una ley para penalizar el lavado de criptomonedas, las operaciones en la red oscura y las nuevas sustancias psicoactivas.
Las unidades de Cabrera se entrenan regularmente con equipos de la DEA y el INL. Aviones dominicanos patrullan los corredores marítimos. Los precursores se rastrean desde la importación hasta el anaquel de la farmacia. Las iniciativas antidrogas del país también llevaron a un mayor control en la frontera con Haití, a medida que la situación política seguía deteriorándose. Las autoridades dominicanas afirmaron que la marihuana aún se filtra a través de las fronteras terrestres, pero que los flujos importantes ahora se mueven por mar y aire.
Los puertos que antes se consideraban objetivos fáciles ahora operan bajo comisiones de seguridad conjuntas, y los contenedores se escanean regularmente y se registran y rastrean rigurosamente. Sin embargo, persisten vulnerabilidades y las autoridades sospechan que el dinero procedente del narcotráfico se ha infiltrado en los concesionarios de autos y bienes raíces de lujo del país, ambos negocios con un alto volumen de efectivo.
Esta situación ha llevado a las autoridades locales a ordenar a los equipos de inteligencia financiera que colaboren con agencias estadounidenses y europeas para detectar y desmantelar los canales de lavado de dinero. En reconocimiento a los logros del país en la lucha contra las drogas, el Departamento de Estado de EE. UU. dio un paso sin precedentes: a principios de este año, animó a la República Dominicana a presentar un candidato para dirigir la agencia antidrogas de las Naciones Unidas.
Para un país al que antes se le había presentado con recelo, el respaldo demostró confianza no solo en las incautaciones, sino también en la gobernanza. Sin embargo, los funcionarios de Santo Domingo reconocen que el progreso sigue siendo frágil. El éxito, afirman, puede generar complacencia.
Las reformas deben perdurar más allá del gobierno que las impulsó. La independencia fiscal debe resistir los cambios políticos. La transparencia debe sobrevivir al agotamiento. Y el fentanilo aún acecha entre bastidores. “El trabajo nunca termina”, dijo uno de los funcionarios.
Antonio María Delgado El Nuevo Herald 305-376-2180 Galardonado periodista con más de 30 años de experiencia, especializado en la cobertura de temas sobre Venezuela. Amante de la historia y la literatura.
