El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso, mediante los Decretos núm. 55-26 y 60-26, ambos del 30 de enero de 2026, el fortalecimiento y la readecuación institucional de dos entidades clave para el desarrollo nacional: la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT).
Estas adaptaciones al régimen de empresas públicas, alineado a las disposiciones de la Ley núm. 479-08, General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, tienen como objetivo mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios públicos de transmisión eléctrica y transporte terrestre masivo.
En el caso de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), el Decreto núm. 55-26 impulsa un proceso de fortalecimiento institucional orientado a consolidar su carácter de empresa pública estratégica, garantizar la continuidad y calidad del servicio público de transmisión eléctrica y adoptar un modelo de gestión moderno y eficiente, alineado con los desafíos de la transición energética y digital.
La medida se realiza preservando plenamente su continuidad jurídica, operativa y patrimonial, sin afectar derechos, obligaciones, contratos ni activos existentes.
Asimismo, se fortalecen sus órganos de dirección y supervisión, se incorporan estándares modernos de gobernanza corporativa y se refuerzan los mecanismos de rendición de cuentas, dotando a la empresa de mayor autonomía técnica y operativa, manteniendo su adscripción al Ministerio de Energía y Minas y su sujeción a la rectoría y control del Estado.
Este enfoque permitirá apoyar la expansión, modernización y digitalización de la infraestructura de transmisión eléctrica y de telecomunicaciones por fibra óptica, en coherencia con el Plan Energético Nacional y la Estrategia Nacional de Desarrollo.
De igual forma, mediante el Decreto núm. 60-26, el Presidente dispuso la creación de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), sustituyendo la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), en cumplimiento del artículo 356 de la Ley núm. 63-17 de Movilidad, Transporte
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Esta decisión reorganiza el modelo institucional del transporte terrestre masivo, separando las funciones de operación y mantenimiento de los sistemas, a cargo de la nueva empresa, de las actividades de desarrollo y ejecución de infraestructura, que quedan bajo la responsabilidad exclusiva del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (FITRAM).
Este Decreto establece, además, un proceso expreso de supresión y liquidación institucional de la OPRET, garantizando una transición jurídica, administrativa y operativa ordenada. Dicho proceso asegura la continuidad del servicio público de transporte masivo, la preservación de los derechos y obligaciones vigentes, la transferencia organizada de activos, contratos y relaciones jurídicas, así como la protección del personal conforme al ordenamiento jurídico aplicable, evitando cualquier afectación a los usuarios durante la transición institucional, bajo la coordinación de una Comisión Especial creada para dirigir, supervisar y acompañar el proceso de reforma y liquidación institucional.
Con estas medidas el Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento y modernización institucional del Estado, la mejora continua de los servicios públicos y la consolidación de un modelo de gestión más eficiente, transparente y orientado al interés general, en beneficio del desarrollo económico y social de la República Dominicana.
