Santo Domingo, D.N.– La Dra. Katia Miguelina Jiménez Martínez, jueza emérita del Tribunal Constitucional, y la Licda. Vanahi Bello Dotel, ex primera sustituta de la presidencia de la Junta Central Electoral, depositaron ante la Cámara de Diputados una Propuesta de Reforma Integral a la Ley núm. 74-25, Código Penal de la República Dominicana, en materia de violencia doméstica o intrafamiliar, violencia de género contra la mujer y violencia vicaria.
La iniciativa fue recibida por la Secretaría General Legislativa de la Cámara de Diputados y remitida al presidente de ese órgano legislativo, Alfredo Pacheco Osoria.
La propuesta procura corregir lo que las juristas califican como una involución normativa introducida por el artículo 127 del Código Penal vigente, el cual sustituyó el concepto de "género" por "sexo" y eliminó a la mujer como sujeto pasivo específico del delito de violencia de género.
Asimismo, identifica vacíos en el artículo 124, entre ellos la ausencia de una definición legal de violencia física, pese a que dicha conducta es sancionada por la propia norma, así como una excepción de responsabilidad penal relacionada con la disciplina de niños, niñas y adolescentes que, según las proponentes, resulta incompatible con el artículo 56 de la Constitución de la República.
Entre las principales modificaciones propuestas se encuentran: la incorporación de definiciones legales de género, violencia de género contra la mujer, violencia vicaria y violencia digital; la tipificación autónoma de la violencia vicaria; y la derogación del párrafo IV del artículo 124.
Las proponentes fundamentan la iniciativa en la Constitución de la República, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, sostienen que la propuesta constituye una corrección técnica destinada a fortalecer la constitucionalidad y la convencionalidad del Código Penal, y no una iniciativa de carácter ideológico.
La propuesta fue depositada durante la actual legislatura, cuyo período ordinario concluye el 26 de julio de 2026
