Santo Domingo.- El proceso judicial por el colapso del techo de la discoteca Jet Set avanza con la designación del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que tendrá a su cargo conocer el juicio. El órgano estará presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez.
La próxima etapa será la fijación de la audiencia. Según la información suministrada, en los próximos días la presidenta del tribunal emitirá el auto correspondiente para establecer la fecha y disponer la citación formal de las partes involucradas.
Con el inicio del juicio, el tribunal deberá conocer los planteamientos e incidentes que presenten las partes y evaluar las pruebas relacionadas con el desplome ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras el merenguero Rubby Pérez se presentaba en el establecimiento, ubicado en la avenida Independencia, en Santo Domingo.
El derrumbe dejó 236 personas fallecidas, incluido el propio artista, y más de un centenar de heridos. La emergencia movilizó a organismos de socorro, personal médico, militares, policías y voluntarios que participaron en las labores de búsqueda y rescate entre los escombros.
A raíz de la tragedia, las autoridades iniciaron una investigación penal para establecer las circunstancias del colapso y determinar si existen responsabilidades por las condiciones estructurales y de seguridad del establecimiento.
Antonio Espaillat y Maribel Espaillat son procesados por el caso en su vinculación con la administración de la discoteca. El Ministerio Público les atribuye presuntas responsabilidades penales relacionadas con el derrumbe y sostiene que existían condiciones de riesgo que debieron ser atendidas.
Uno de los puntos de discusión gira en torno a si se conocían con anterioridad los posibles problemas estructurales, qué medidas se adoptaron y quiénes podrían responder por lo ocurrido. Las partes mantienen posiciones contrapuestas sobre estos aspectos.
En una decisión reciente, el juez Franny González Castillo varió la calificación jurídica de los hechos, de homicidio involuntario a homicidio y lesiones voluntarias bajo la figura del dolo eventual, un cambio que incide en el debate jurídico del expediente.
La nueva calificación plantea la discusión sobre si quienes tenían responsabilidades conocían la existencia de un riesgo grave y, aun así, permitieron que el establecimiento siguiera operando. Ese aspecto deberá ser debatido durante el juicio.
Corresponderá al tribunal examinar las pruebas y los argumentos de las partes para determinar si existen responsabilidades penales, con respeto a la presunción de inocencia de los acusados.
